Por Nicolás Prividera

Algunos periodistas (fácilmente ecuánimes comparados con los que hicieron la “torpe opereta” televisiva denunciada por Campanella), incluidos algunos críticos de cine (habitualmente desconfiados, salvo cuando les toca ser oficialistas) y también unos pocos cineastas o actores (posando de ingenuos o perdonavidas) siguen preguntándose por qué cundió la alarma en el ambiente del cine, como si todas sus organizaciones se hubieran puesto en alerta por una paranoia colectiva y no por la experiencia histórica: ¿Hace falta recordar que ya Cavallo acabó con la autarquía del Incaa a inicios de los 90  –como su antecesor Martínez de Hoz–, o la aún caliente exención de las retenciones y otras rápidas medidas que han favorecido a los grupos concentrados? (como los multimedios que ahora esperan ser favorecidos por la nueva ley de convergencia, que podría acabar con el canon que pagan los cableoperadores con solo cambiarles el nombre, mientras los medios discuten histéricamente todos los temas habituales de la derecha más cavernícola).

Tal vez muchos (espectadores también) se hayan habituado a la degradación mediática e institucional que aqueja a la Argentina (y que no puede achacarse solamente a un gobierno pero que sin duda se ha profundizado en el último tiempo): el cualunquismo se adueñó groseramente del discurso público, con otrora esperpénticos comunicadores ahora a la cabeza (Baby Etchecopar ha sucedido a Bernardo Neustadt en el corazón de Doña Rosa). Basta ver cómo el presidente de una institución autárquica como el Incaa (otro Ceo a la izquierda corrido por derecha) fue eyectado de su sillón un día después de ese vergonzoso programa operativo, en una virtual intervención que forzó a su vez la renuncia del rector de la escuela nacional de cine, cargo elegido por concurso por primera vez en su historia.

Todo esto podría achacarse a las renovadas denuncias de corrupción (muchas sin duda verosímiles), si los mismos funcionarios que pidieron esas renuncias no las hubieran relativizado (aunque sin dejar de impulsarlas para poner en su lugar a ejecutivos alineados con los intereses del grupo Clarín), proponiendo a cambio que antes bien se trata de una necesaria purga en puestos intermedios de la retorcida trama del Incaa, para evitar que se drenen “fondos millonarios que son de todos los argentinos”, como declaraba desde la tribuna de TN Silvina Giudici -miembro del directorio del Enacom- para luego agregar que “tienen que ser destinados a otras prioridades…”. En verdad no llegó a terminar la frase, que a esa altura se había convertido en un acto fallido. Lo que no es un acto fallido son las políticas implementadas: por los antecedentes en otras áreas (Aerolíneas, Pami), sabemos que esos estimables compromisos éticos (dirigidos solo contra los enemigos) suelen terminar en la justificación de un mayor ajuste.

En el caso del cine tal cosa se hace difícil, ya que gracias a la ley de cine promulgada en 1994 (y envidiada desde entonces en muchos países del mundo) ese ámbito se “autofinancia” a través de un porcentaje de las entradas u otros modos de consumo directo, además de otro porcentaje mayor pagado como canon por la TV y todos los medios que hacen uso del espectro radioleléctrico. Pero es esta parte del león (el 60% del fondo cinematográfico) de la que ningún funcionario hablaba, hasta que fue puesta en evidencia por el movimiento conjunto de todas las asociaciones del cine. Por lo que la sospecha generalizada es que, en el mejor de los casos, se piensa dejar intacta la parte que proviene directamente de los consumidores (aunque un informe de Fiel, siempre fiel al neoliberalismo, proponía eliminarlo de cuajo) para simplemente, con la sanción de una nueva ley “de convergencia”, dejar sin efecto los artículos de la ley de comunicación audiovisual que aun sustentan aquel canon específico (en sintonía con otros perdones impositivos a corporaciones varias).

Así, se maquillaría el desfinanciamiento ya que el Incaa se mantendría en funciones, aunque vaciado de algo más que de sentido: pues si bien seguramente se seguirían filmando las películas “masivas” (contempladas como tales en al actual plan de fomento), se verían afectadas las que siempre están en duda: las películas medianas y ante todo las pequeñas, que son justamente las que por lógica necesitan más apoyo del Estado para subsistir, en un mercado completamente dominado por los tanques (empezando por los de Hollywood). De seguir esta tendencia, el cine independiente finalmente ganaría su nombre, y solo quedarían en pie las películas hechas a pulmón sin ningún tipo de apoyo público, como las que suelen verse en el Bafici para luego perderse en la invisibilidad si (como ya sucede) no hay alguna protección también al momento de exhibirlas. Porque no se trata solo de producir, sino de resguardar las películas de su desaparición.

Pues con un eventual recorte presupuestario al Incaa (cuyo 50% es destinado al funcionamiento de todas sus actividades), correría también peligro no solo el funcionamiento de la Enerc (que este año inauguraba sus últimas nuevas sedes en el interior y sus flamantes subsuelos equipados a nuevo), sino hasta la nonata Cinemateca que el propio gobierno apuntaba a mostrar como un logro propio tras tantos años sin resolución, y que ahora está en el centro de las denuncias por el predio alquilado a Cinecolor para ese fin (una “incompatibilidad de intereses” minúscula al lado de las que hoy abundan). Después de todo, ¿qué sentido tendría preservar películas, formar cineastas y apuntalar un sistema industrial, si se vuelven a producir apenas una decena de películas por año, como a inicios de los 90? (el peor período de la historia del cine argentino desde la existencia del sonoro).

O sea: si estas oscuras previsiones no se incumplieran, pronto volveríamos a esa situación calamitosa y ya sin ley de cine que venga a salvar esa situación terminal (sino acaso todo lo contrario). Y así, en unos pocos años más, los últimos 20 se recordarán como la verdadera “época de oro” del cine argentino… Porque la pregunta latente detrás de todo esto (no inocentemente agitada en las redes sociales) es si queremos tener un cine argentino. Pregunta que parecíamos haber respondido hace medio siglo, cuando se creó el Instituto Nacional de Cinematografía, pero que vuelve, como tantas otras que creíamos felizmente superadas.

Nicolás Prividera / Copyleft 2017

* Otros textos sobre el caso:

1. Resolución de la asamblea: leer aquí

2. Carta de Fipresci: leer aquí

3. La imagen argentina (Nicolás Prividera): leer aquí

4. Verdad o consecuencia (Roger Koza): leer aquí