La famosa paradoja del mentiroso tiene siglos y a lo largo de estos se han ensayado soluciones simples y sofisticadas para sortearla. Más allá del problema lógico que plantea el enunciado “Esta oración es falsa”, su incomodidad estriba en que obliga a aceptar que hay trucos en el lenguaje; la transparencia del habla coexiste con su opacidad, que varía según los contextos y los intereses. Amar la verdad no es tan fácil.

Ya se ha dicho prácticamente todo lo que hay que decir respecto del conflicto suscitado por una denuncia mediática sobre dos funcionarios y sus respectivas actitudes ante presuntas prácticas espurias y corruptas en el INCAA. El periodista encargado de informar sobre otro caso de robo imperceptible en el seno de una institución pública utilizaba el condicional –tímida forma verbal de la injuria– para despertar la cólera republicana de los televidentes, que sumaban otro escándalo a la agenda semanal. La denuncia por corrupción tiene en los oídos un efecto de verdad. Enunciar, denunciar, sentenciar son verbos autónomos, pero en la praxis lingüística que predomina, el amontonamiento de sus sentidos se confunde. Decir es juzgar.

La inmensa reacción de la comunidad cinematográfica frente a la injuria proferida por el periodista no tardó en llegar. El cineasta más oficialista de turno utilizó el poder que le confiere una estatuilla de un Óscar para afirmar que el (ex)presidente del INCAA, Alejandro Cacceta, era un hombre probo y competente. Las distintas asociaciones sindicales del cine y otras instituciones afines respaldaron ese parecer. Por su parte, todos los miembros de la ENERC (estudiantes, egresados, docentes, administrativos) dieron de inmediato su apoyo a Pablo Rovito, primer rector que llegó por concurso a su cargo en la ejemplar escuela de cine que depende del INCAA.

Después de ese miércoles 12, pasó de todo. Funcionarios del Gobierno nacional tuvieron que dar explicaciones sobre el pedido de renuncia a Cacceta, la comunidad cinematográfica identificó posibles objetivos detrás de la medida que apela a una mayor transparencia y empezaron las declaraciones de todos los involucrados: Luis Puenzo, otro ganador del Óscar, esclareció la genealogía de la Ley de Cine y sus alcances; Pino Solanas protestó contra la modificación de leyes por decreto; las celebridades del cine nacional hicieron un video explicando el carácter autárquico del instituto; el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, precisó las intenciones del Gobierno; el jefe de Gabinete Marcos Peña lo secundó en dar garantías; el Presidente de la Nación felicitó a su ministro de Cultura por su coraje y, desde la Tierra Media, Viggo Aragon Mortensen increpó al mandatario y a su funcionario valiéndose de la jerga del Foro Social Mundial.

La opereta se convirtió en una gran escena ya repetida en la esfera pública. Así, el Gobierno fue interpelado por la comunidad cinematográfica, que sintetizó muy bien sus reclamos y temores: la autarquía del instituto y la Ley de Cine son innegociables; a su vez, lo que preocupa a fondo es la letra chica de algunos cambios recientes y propuestas en marcha que pueden afectar la regulación del canon que pagan las empresas privadas en torno al derecho de transmisión al Ente Nacional de Comunicaciones, más conocido como Enacom. Sucede que de allí surge gran parte del presupuesto del INCAA, además del porcentaje que percibe por cada entrada que se vende en un cine. Tanto Avelluto como Silvana Giudici, directora de Enacom, quien considera que la preocupación de la comunidad audiovisual es histérica y exagerada, han expresado que no hay voluntad alguna por parte del Gobierno de alterar lo que ya está institucionalizado y en funcionamiento.

Sin embargo, las sospechas prevalecen. La destitución de Cacetta recuerda un poco a la de Constantini en Aerolíneas Argentinas: nadie dudaba de su honorabilidad y experiencia, pero se le pidió una salida rápida sin una constatación precisa de una mala praxis que lo amerite. Avelluto, por su parte, nada ha dicho de la deleznable forma con la que se injurió a Rovito y Cacetta en un programa de televisión, en el que no solamente se confundían los nombres con la foto que los identificaba, sino que livianamente se les adjudicaba complicidad frente a los posibles actos de corrupción del organismo.

La vocación púbica por impugnar actos de corrupción y trabajar por una mayor transparencia es un objetivo loable e impostergable. Pero hay una secreta herida en el corazón del contrato social que reside en haber vulnerado el discurso de la verdad. La voluntad de verdad y el deber de decir la verdad han sido sustituidos por la operación periodística interesada y también por un pragmatismo que desdeña las promesas de campaña. El daño al tejido social que deviene de eso es tan pernicioso como el destino clandestino de un puñado de dólares.

* Este texto fue comisionado y publicado por el diario La voz del interior en el mes de abril 2017

* Fotograma de encabezado: Masculino, femenino; captura de pantalla del programa Animales sueltos

Roger Koza / Copyleft 2017